La desesperación colectiva ante la ola de violencia que azota al país ha reactivado un debate recurrente: ¿deben los menores de edad ser juzgados y sentenciados como adultos? La respuesta inmediata, basada en el miedo y la indignación legítima de una sociedad atrapada en el fuego cruzado, tiende a ser un «sí» rotundo. Sin embargo, legislar desde la calentura del momento suele ocultar una verdad incómoda: estamos queriendo extirpar el síntoma mientras dejamos intacta la enfermedad que carcome nuestra sociedad.
Las estructuras delictivas han encontrado en los adolescentes un ejército sumamente eficaz. En los sectores más vulnerables y empobrecidos del país, donde la presencia del Estado es un mito y los servicios básicos son un lujo inexistente, las bandas criminales han ocupado ese vacío de poder. El crimen organizado no improvisa; opera con una lógica perversa dentro del sistema capitalista, colonizando los territorios abandonados por la institucionalidad pública para reclutar a su mano de obra más barata y prescindible: los niños y jóvenes.
Para asegurar una lealtad ciega y someterlos por completo, estas redes delictivas recurren a la inducción forzada al consumo de sustancias. Un menor adicto, desamparado y sin horizontes es el perfil perfecto para ejecutar los delitos más atroces. Ante este panorama, plantear como única gran solución el endurecimiento de las penas y el traslado de estos jóvenes a cárceles de adultos es una mirada corta y peligrosamente simplista.
Reducir el problema a la responsabilidad individual de un adolescente de catorce o diecisiete años implica ignorar las estructuras de inequidad que hicieron posible su caída. Antes de que ese menor empuñara un arma o cometiera un acto delictivo, el sistema ya había atentado contra él. Hubo un abandono estructural previo: una escolaridad que lo expulsó, un hogar en la pobreza extrema y un Estado incapaz de garantizarle salud, nutrición o un entorno seguro.
Cuando el tejido social está roto y la única presencia cotidiana con capacidad de proveer «identidad», «protección» o «ingresos» es el líder de la banda, la libre elección se convierte en una ilusión cruel. Esos menores terminan siendo las primeras víctimas de un engranaje excluyente.
Meter a un menor a una prisión común no desmantela las mafias; al contrario, les entrega un flujo constante de personal en un entorno que funciona como “la universidad del crimen”. El verdadero golpe al crimen organizado no se da únicamente en los tribunales, sino en las calles de las periferias, dotándolas de agua potable y escuelas dignas, generando empleo para los padres y ofreciendo alternativas de vida reales para los jóvenes.
Exigir justicia y seguridad es un derecho irrenunciable de la ciudadanía. Pero la verdadera justicia debe ir de la mano con la justicia social. Juzgar a los niños con el rigor de los adultos mientras se les siguen negando los derechos elementales de la infancia es una hipocresía estatal que solo perpetuará el ciclo de la violencia. Para desarmar a las bandas, primero hay que quitarles los entornos que favorecen su crecimiento.
