El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en varias provincias y cantones del país, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 423, con una vigencia de 60 días. La medida tiene como objetivo fortalecer las acciones de seguridad para combatir la delincuencia organizada y restablecer el orden público en los territorios más afectados por la violencia.
La declaratoria abarca las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
Como parte de las disposiciones adoptadas, el Gobierno suspendió temporalmente los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las zonas comprendidas por el estado de excepción. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad ejecutar allanamientos, investigaciones y acciones de inteligencia orientadas a neutralizar actividades vinculadas al crimen organizado, siempre bajo los procedimientos y controles establecidos en la normativa vigente.
El decreto también contempla la posibilidad de requisar temporalmente bienes y servicios de origen lícito que resulten indispensables para el desarrollo de las operaciones de seguridad. Las autoridades deberán garantizar la devolución de los bienes fungibles o, en su defecto, una compensación económica equivalente conforme a lo establecido por la ley.
De acuerdo con el documento oficial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuarán de manera conjunta en las jurisdicciones señaladas para prevenir, contener y contrarrestar acciones delictivas que representen una amenaza para la seguridad ciudadana y el orden público.
El Gobierno sostiene que la medida responde a la necesidad de enfrentar los altos niveles de violencia e inseguridad registrados en distintas zonas del país y garantizar la protección de la población frente a las actividades de grupos criminales organizados.
El estado de excepción entró en vigencia desde la suscripción del decreto y permanecerá vigente durante los próximos 60 días.
