En el Ecuador, defender la tierra, la vida y los derechos de las mayorías se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Bajo la gestión del gobierno de Daniel Noboa, somos testigos de una realidad preocupante, el crecimiento de la criminalización de la protesta y persecución política contra las voces críticas y disidentes. La respuesta oficial ante el descontento ciudadano y las demandas sociales no es el diálogo institucional ni la respuesta colectiva, sino el uso selectivo y punitivo del aparato estatal para silenciar a los líderes comunitarios.
Un ejemplo de esta dinámica es la situación que atraviesa hoy Guido Perugachi, un reconocido líder social cuya trayectoria ha destacado por la articulación y conducción de procesos de movilización popular. Perugachi no solo ha encabezado la resistencia en las calles, sino que ha llevado la exigencia ciudadana al plano constitucional al liderar el pedido formal de revocatoria del mandato del presidente Noboa. Este ejercicio democrático y legítimo de control social sobre el poder político parece haber sido el detonante para una arremetida que busca desarticular su liderazgo y sentar un precedente de amedrentamiento hacia el resto del movimiento social.
Sin embargo, pretender reducir la figura de los luchadores sociales a «agitadores» responde a una narrativa gubernamental interesada en deslegitimar la protesta. La verdadera dimensión de organizaciones históricas como la UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi) y la FENOCIN (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) reside en su firmeza ideológica combinada con un compromiso cotidiano e incondicional con sus comunidades.
La dignidad de los pueblos no es una consigna abstracta ni una pose política: se materializa en hechos concretos. Esa misma firmeza que se moviliza en las calles y plazas contra las medidas económicas de turno es la que, sin dudarlo, se organiza activamente ante las emergencias locales. Así quedó demostrado durante la minga comunitaria para apagar el voraz incendio forestal en la Mama Cotacachi, donde miembros de estas organizaciones arriesgaron sus vidas para salvar el ecosistema, el agua y el patrimonio natural de la zona.
Mientras desde la cúpula estatal se estigmatiza y persigue a los dirigentes populares, en el territorio son esas mismas estructuras comunitarias las que sostienen la vida y cuidan el bien común. La dignidad popular se manifiesta unas veces en el puño levantado de la huelga y la marcha, pero otras tantas en el trabajo desinteresado, honesto y solidario de la minga para rescatar el territorio frente a las llamas o el abandono estatal.
Si la Fiscalía insiste en perseguir y encarcelar a Guido Perugachi, debe comprender la inutilidad de su empeño: a Guido no lo encontrarán aislado en una celda, sino encarnado en los miles de comuneros y comuneras que día a día trabajan, siembran y luchan por sostener a este país. Lo encontrarán hoy en la altura de los páramos de Cotacachi, cuidando las fuentes de agua y resguardando la vida misma. Y si pretenden apagar una voz, mañana no encontrarán el silencio, sino a centenares de nuevos líderes y lideresas guiando el camino impetuoso de la lucha popular contra el autoritarismo gubernamental.
