El Ecuador está viviendo un nuevo proceso para la elección de gobiernos locales; alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales serán disputados por las organizaciones políticas que presenten a sus candidatos, por las que logren hacerlo o, peor aún, por las que el poder de turno quiera que lo hagan.
Este escenario parecería el de un país donde se ha instalado un gobierno fáctico; pero no, es el Ecuador del 2026, donde la familia Noboa y sus socios gobiernan y administran el Estado como una hacienda bananera, donde las funciones del Estado solo sirven al Ejecutivo.
El proyecto del Gobierno es que las administraciones territoriales deben someterse a la misma línea ideológica del Ejecutivo. Esto ha sido mencionado públicamente por funcionarios de alto nivel; sin embargo, no buscan este fin ganando las elecciones como la democracia lo exige, sino anulando adversarios. Donde hay un liderazgo fuerte —que puede optar por una reelección o que se va proyectando para otras dignidades—, de manera sospechosamente ágil, la justicia actúa y vincula al personaje con ilícitos. Dicho sea de paso, no nos corresponde a los ciudadanos ni al Gobierno determinar la culpabilidad, pero, con bombos y platillos, mediáticamente el Gobierno los sentencia.
Dudas genera la celeridad con que se actúa, la cual no es de la misma escala con que se ejecutan las diligencias en casos donde funcionarios, dirigentes del partido de gobierno o familiares de Noboa son presuntos participantes. A ellos tampoco nos corresponde juzgarlos, pero la diferencia es que a estos últimos los medios de comunicación no les dedicarán columnas completas.
Pero ¿por qué Noboa se empeña en ganar las seccionales? Porque con ello garantiza que las obras que realicen por ley los municipios, prefecturas y GAD parroquiales lleven el membrete del Gobierno central, y así camuflar la incapacidad que el gabinete tiene para ejecutar obra pública; esto los llevará a fortalecer su imagen en los territorios a pesar de que sus resultados sean deplorables. El mensaje implícito de favorecer únicamente a administraciones afines envía una señal preocupante, ya que convierte las carencias sociales en instrumentos de presión política.
De cara a los próximos comicios, la ciudadanía ecuatoriana enfrenta el reto de blindar sus instituciones locales frente a intentos de hegemonía centralista. El progreso de las ciudades no debe estar supeditado al grado de obediencia de sus representantes, sino a la capacidad de mantener un diálogo institucional maduro sobre la base del respeto mutuo a la diversidad de pensamiento.
Frente a la pretensión de controlarlo todo, la ciudadanía mantiene en sus manos la herramienta más contundente: el voto. Las próximas elecciones no son solo una contienda de nombres, sino un juicio popular al abuso de poder y al chantaje institucional. En las urnas, el pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad histórica de castigar la prepotencia del Ejecutivo, frenar el centralismo autoritario y recordarles a quienes gobiernan que la soberanía pertenece a la gente, no al Palacio de Carondelet.
