Casi tres millones de paraguayos amanecieron esta semana frente a un cajero que no les devolvía su propio dinero. No es una figura literaria: el Banco Central intervino Ueno Bank por insolvencia y, de un día para otro, los ahorros de buena parte del país quedaron congelados. Quienes vivimos marzo de 1999 en Ecuador sentimos un escalofrío pues reconocimos la escena de inmediato. Cambia el país, cambia la década; el libreto es el mismo, y lo firman siempre las mismas manos.
Ueno creció a una velocidad que debió llamar la atención de cualquier supervisor con el oído atento. No inquietó a nadie. Al contrario: el IPS fue llenándolo con la plata de los jubilados, cientos de millones de dólares, sin concursos que merezcan ese nombre, y, para que el banco calificara, se reescribieron las reglas a su medida. Que el presidente Santiago Peña hubiera sido accionista de una empresa del mismo grupo es, digamos, un detalle. Él asegura que vendió sus acciones en 2025. Le creeremos lo que la justicia nos permita creer. Pero la cercanía entre quien gobierna y quien custodia los ahorros ajenos no se borra con la firma de un traspaso.
Hay que reconocerle algo a Paraguay: esta vez el Estado fue tras los dueños. Directivos presos, bienes embargados, un presidente del Banco Central que cayó. Ecuador hizo justo lo contrario. Aquí se rescató a los banqueros, se les garantizaron los depósitos con dinero público y la cuenta se repartió entre los de abajo. A Mahuad lo bajó la calle en enero de 2000 y la justicia tardó catorce años en condenarlo; los Isaías hicieron de la impunidad una costumbre larga y próspera.
Es cierto que desregular y luego rescatar ha sido, sobre todo, un oficio de la derecha económica. El Fobaproa mexicano, aprobado por el PRI y el PAN, con la izquierda en contra, volvió deuda pública las deudas de los banqueros, y todavía la pagan los nietos de quienes ni votaron entonces. Pero cargárselo a un solo bando sería falso: el corralito argentino que despachó a De la Rúa en helicóptero lo firmó un gobierno de centro. El problema no es de qué lado manda, sino a quién obedece el que manda.
Esa es la trampa, y vale nombrarla sin rodeos. A cierto capitalismo el Estado le estorba cuando le pone límites, pero lo reclama de rodillas cuando sus apuestas salen mal. Quiere mercado para quedarse con las ganancias y Estado para repartir las pérdidas. Proteger al ahorrista es una cosa; rescatar al dueño que administró mal es otra, y llevamos décadas fingiendo que no sabemos distinguirlas.
Los poderosos deciden. Si sale bien la apuesta, se guardan la ganancia; si sale mal, redescubren las bondades del Estado y le exigen que los rescate. Pienso en los jubilados que hicieron fila frente a un cajero vacío. No especularon ni cambiaron ninguna norma: solo trabajaron, aportaron y confiaron en un Estado que les juró que su dinero estaba a salvo. Y serán, como siempre, los últimos en cobrar y los primeros en pagar.
