Hace pocos días, las redes sociales e internet volvieron a convertirse en la vitrina de una tragedia que desnuda la crisis moral de nuestro país. Un guardia de seguridad privada disparó sin advertencia previa a un ciudadano cuyo único “delito” en ese instante era pintar un grafiti en la fachada de una propiedad privada. Más allá de si el acto de pintar una pared constituye una contravención o un daño a la propiedad, la respuesta armada, desproporcionada e intencional contra el cuerpo de un ser humano sobrepasa cualquier límite ético y legal.
Sin embargo, el hecho en sí mismo, por desgarrador que resulte, no es lo único que debería helarnos la sangre. Lo verdaderamente aterrador vino después: la marea de comentarios en redes sociales celebrando la actuación del guardia. Decenas de usuarios vitoreaban el disparo, pedían «premios» o «reconocimientos» para el agresor y justificaban que la violencia letal es la respuesta correcta para “imponer orden”.
¿En qué momento nos deshumanizamos a tal punto que normalizamos y festejamos que se dispare a matar a una persona por manchar un muro?
Esta reacción colectiva no nace en el vacío; es el reflejo de una sociedad enferma por el miedo, la rabia contenida y la desconfianza absoluta en el sistema de justicia. Vivimos en un Ecuador azotado por la inseguridad, donde el dolor constante nos ha llevado a abrazar un punitivismo salvaje y una sed de “justicia por mano propia” que confunde el orden con la barbarie. Cuando el Estado falla en garantizar la paz, la ciudadanía empieza a validar la ley de la selva. Y en esa selva, la empatía se convierte en debilidad y la vida humana pierde todo su valor.
Aceptar que la propiedad privada esté por encima de la integridad o la vida de un ser humano es retroceder siglos de civilización. Pintar un grafiti se limpia con pintura y un par de horas de trabajo; una vida paralizada, mutilada o extinta por una bala no se recupera jamás.
La labor de la seguridad privada —y de la fuerza pública— es prevenir, disuadir y neutralizar bajo principios estrictos de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, no actuar como juez, jurado y ejecutor en plena vía pública. Si comenzamos a premiar el gatillo fácil ante faltas menores, la línea entre la seguridad y el paramilitarismo urbano desaparece. Hoy aplaudimos que le disparen al que pinta una pared; mañana, bajo esa misma lógica perversa, justificaremos el disparo al que vende en la calle sin permiso o al que cruza la calle por donde no debe.
No podemos permitir que el miedo nos robe la humanidad. Es urgente detener esta espiral de violencia verbal y simbólica que valida el desprecio por la vida ajena. Castigar las infracciones y exigir el respeto a la propiedad privada es legítimo, pero celebrar el derramamiento de sangre por un muro de concreto no es justicia: es pura y simple descomposición social. Si no somos capaces de indignarnos ante el uso arbitrario de la fuerza, habremos perdido lo único que nos mantiene unidos como comunidad.
