Hay verdades que aprendemos y verdades que heredamos. Las primeras podemos discutirlas. Las segundas son más difíciles porque forman parte del paisaje: las repetimos tantas veces que terminamos olvidando que también podrían estar equivocadas.
Con los años he aprendido a desconfiar especialmente de estas últimas. No porque crea que todo sea falso, sino porque hay una duda particularmente incómoda y necesaria: la que uno dirige contra sus propias convicciones.
Hace unos quince años trabajaba en el Consulado del Ecuador en Valencia, España. Eran los primeros años del correísmo y una época de profundas transformaciones en el Estado. Una mañana llegué temprano y terminé conversando con el guardia de seguridad, un español, mientras me quejaba del Ecuador: del desorden, de los cambios, de esa permanente sensación de volver a comenzar.
Me escuchó y finalmente dijo:
—Eso les pasa por ser una República.
Me indignó.
No pensé entonces ni pienso ahora que una monarquía hereditaria sea una alternativa deseable. Pero aquel hombre consiguió algo más importante que convencerme: consiguió molestarme.
Había tocado una certeza que yo nunca había pensado cuestionar.
¿Por qué una República? ¿Funciona? ¿Y cómo sabríamos que funciona?
La conversación terminó. La duda quedó.
La cosa de todos
Quince años después he regresado a aquella pregunta y descubrí que quizá estaba mal formulada.
Antes de preguntarme si la República funciona, tenía que preguntarme qué significa realmente.
Res publica. La cosa pública.
Cicerón lo formuló hace más de dos mil años: res publica res populi. La cosa pública es la cosa del pueblo.
Parece una obviedad. No lo es.
Significa que un presidente no es propietario del Estado, ni de las carreteras, ni de los hospitales, ni de las escuelas, ni del presupuesto.
Los administra temporalmente.
La tradición republicana desarrollaría siglos después una idea particularmente interesante: no somos completamente libres cuando nuestro bienestar depende de la voluntad arbitraria de otro, aunque ese otro sea benevolente.
De allí surge una idea fundamental: una República no necesita gobernantes generosos. Necesita instituciones que hagan innecesaria su generosidad.
Y esa frase me hizo regresar inevitablemente a Loja.
¿Realmente nos tienen olvidados?
Quienes somos de Loja hemos repetido durante generaciones que el Gobierno central nos tiene olvidados.
Yo también lo he pensado.
Lo pensamos cuando una carretera se destruye, cuando una obra tarda o cuando un proyecto vuelve a anunciarse sin concretarse.
Pero si iba a escribir sobre la necesidad de dudar, tenía que empezar dudando también de aquello que yo quería creer.
Fui a buscar evidencia del abandono. Y encontré algo más incómodo.
Loja recibe recursos. Ha recibido inversiones durante gobiernos de distintas tendencias. Sus municipios y gobiernos locales reciben además transferencias establecidas mediante reglas y fórmulas nacionales.
No todo depende de la voluntad del presidente. Y eso es importante reconocerlo.
Ecuador cuenta con un Modelo de Equidad Territorial que distribuye parte de los recursos del Estado entre los gobiernos autónomos descentralizados mediante criterios previamente establecidos.
Eso es precisamente lo que debería hacer una República: sustituir la voluntad por reglas.
Por tanto, la pregunta no puede ser simplemente:
¿cuánto recibe Loja?
La pregunta que me parece más interesante es otra:
¿qué parte del desarrollo estratégico de Loja depende de reglas previsibles y qué parte continúa dependiendo de las decisiones y prioridades del Gobierno central?
Entonces nuestras carreteras dejan de ser únicamente una queja. Se convierten en un microscopio.
Loja-Catamayo
La carretera Loja-Catamayo es un buen ejemplo. No porque durante estos años no se haya hecho nada. Precisamente porque se han hecho muchas cosas.
Hemos tenido estudios, anuncios, proyectos, propuestas de concesión, cambios de modelo y rehabilitaciones.
En 2021 se revisaban nuevamente estudios. En 2022 volvió a anunciarse la posibilidad de iniciar la obra. En 2024 se rehabilitó la carretera existente. Y en 2025 comenzaron nuevos estudios de prefactibilidad, factibilidad y estructuración del corredor, contratados por aproximadamente 1,22 millones de dólares y con un plazo previsto de veinte meses.
Cambian los estudios. Cambian los modelos de financiación. Cambian los ministros. Cambian los presidentes. Lo que permanece es la necesidad. Por eso el problema no es afirmar que nunca se ha invertido.
El problema es la dificultad para garantizar continuidad entre planificación, financiación, ejecución y mantenimiento.
Y tampoco sería justo convertirlo en una excepcionalidad lojana. Al cierre de 2025, aproximadamente el 59 % de la red vial estatal ecuatoriana estaba clasificada entre regular y mala. Apenas 862 kilómetros de una red cercana a los 10.000 estaban considerados en condiciones óptimas.
El problema vial es nacional. Otra certeza que los datos me obligaron a abandonar. Pero lejos de debilitar el argumento, creo que lo vuelve más interesante.
Loja deja de ser la víctima y se convierte en el microscopio.
Ya no se trata de preguntar únicamente por qué “abandonan” Loja. Se trata de preguntarnos qué revela Loja sobre la capacidad del Estado ecuatoriano para planificar, financiar y mantener infraestructura más allá de los cambios de gobierno.
El verbo permanece
Investigando encontré una pequeña historia que, para mí, resume buena parte del problema.
En 2007 una delegación lojana se reunió con el entonces presidente Rafael Correa para conseguir recursos destinados a las carreteras de la provincia. Después del encuentro, el entonces gobernador Nilo Córdova interpretó públicamente la predisposición presidencial como una demostración del “cariño” que el mandatario tenía hacia Loja.
La anécdota es interesante precisamente porque Correa estaba dispuesto a entregar recursos.
El problema es otro. Casi veinte años después seguimos utilizando prácticamente los mismos verbos.
Gestionar. Conseguir. Solicitar. Lograr.
Cambian los presidentes. Cambian los partidos. Cambian los ministros. El verbo permanece.
Y eso es lo que me preocupa. Porque no quiero que un presidente tenga cariño por Loja. Quiero que el cariño sea irrelevante.
Quiero que una carretera necesaria se construya porque los estudios determinan que debe construirse. Que un hospital se equipe porque los indicadores demuestran que debe equiparse. Que los recursos lleguen porque corresponden.
No quiero buenos favores. Quiero buenas instituciones.
Las migajas
Y solo entonces entendí realmente la palabra que había utilizado para titular este artículo. Migajas.
Al principio pensaba que una migaja era recibir poco.
Estaba equivocado. Una migaja puede valer millones de dólares. Puede ser una carretera. Puede ser un hospital. El tamaño no importa.
La migaja es una relación con el poder.
Migaja es aquello que siendo público llega revestido de generosidad política. Es convertir una obligación del Estado en mérito personal del gobernante. Es transformar algo que corresponde en algo que debemos “conseguir”.
Una República de las migajas sería entonces aquella donde derechos, recursos, infraestructura y servicios que deberían derivarse de reglas terminan percibiéndose como concesiones del poder; donde ciudadanos y territorios aprenden que para recibir deben gestionar, solicitar, negociar o esperar.
Por eso quizá el verdadero problema de Loja no sea recibir pocas migajas. El problema es que todavía existan migajas.
Ciudadanos, no clientes
Una República necesita redistribuir recursos. Necesita solidaridad entre territorios. No tendría sentido que las provincias más pobres solo pudieran disponer de aquello que recaudan.
El problema no es que el Gobierno central invierta. El problema aparece cuando resulta difícil conocer por qué una obra se prioriza, por qué otra espera, por qué un proyecto vuelve a estudiarse o quién responde cuando no se cumple.
Necesitamos reglas, criterios técnicos, planificación que sobreviva a los gobiernos y mecanismos que permitan exigir cuentas.
Quizá entonces dejemos de preguntar cuánto consiguió nuestro alcalde, cuánto nos dio el presidente o cuánto gestionó nuestro prefecto.
Y empecemos a preguntar:
¿Por qué corresponde esta inversión? ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo debe terminar? ¿Quién responde si no se cumple?
Puede parecer un cambio de lenguaje. No lo es. Es un cambio en nuestra relación con el poder. Porque el súbdito pide. El cliente negocia. El ciudadano exige cuentas.
Quince años después sigo pensando que aquel guardia de Valencia estaba equivocado.
Nuestros problemas no existen porque seamos una República. Pero ahora entiendo por qué aquella frase consiguió quedarse conmigo. Me obligó a dudar de algo que consideraba intocable. Y después de regresar a Ecuador y mirar las carreteras de Loja, la duda continúa allí. Solo ha cambiado la pregunta.
Ya no me pregunto si la República funciona. Me pregunto cuánto nos falta para que funcione como República. Quizá nuestro problema no sea que la República haya fracasado.
Quizá todavía no hemos terminado de construirla. Porque en una República los derechos no se agradecen. Se ejercen.
Fuentes principales
Camus, Albert. El hombre rebelde (1951).
Cicerón, Marco Tulio. De re publica, I, 39.
Pettit, Philip. Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford University Press, 1997).
Sabato, Hilda. Republics of the New World (Princeton University Press, 2018).
OECD. Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024.
Aray, Henry y Janeth Pacheco-Delgado. “Public Investment Allocation across Ecuadorian Provinces”. Socio-Economic Planning Sciences, 71 (2020).
Consejo Nacional de Competencias del Ecuador. Modelo de Equidad Territorial.
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo. Documentación del corredor vial Loja-Catamayo, 2025.
Primicias. Datos sobre el estado de la red vial estatal ecuatoriana al cierre de 2025.
La Hora Loja. Archivo periodístico sobre vialidad provincial y gestión de recursos, 2007-2026.
