La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria en el Caso Triple A. El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado declaró, por voto de mayoría, la culpabilidad de nueve personas naturales y seis empresas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
Según la acusación acogida por el Tribunal, entre 2020 y 2024 se desvió combustible subsidiado del segmento automotriz hacia los segmentos industrial y naviero, principalmente en provincias fronterizas. Fiscalía demostró el desvío de 22’777.191,80 galones de diésel y gasolina, con un perjuicio económico al Estado de USD 61’502.658,39.
Las condenas
Como autores directos, el Tribunal impuso seis años y ocho meses de prisión a Aquiles A., Raúl Z., Juan A., Édgar C. y Édgar F.
En calidad de cómplices, Lady C., Jessenia V., Carolina T. y José C. recibieron una pena de dos años y dos meses de prisión.
Las empresas Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S. A. fueron declaradas responsables. El Tribunal dispuso su clausura definitiva y disolución. Además, los sentenciados deberán responder de forma solidaria por la reparación integral a favor de Petroecuador y de la autoridad de control de hidrocarburos.
Una estructura de desvío de combustible subsidiado
El Tribunal determinó que los sentenciados formaron parte de una estructura dedicada a la distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos. La operación consistió en romper los controles del mercado para mover combustible subsidiado —destinado al consumo automotriz— hacia usos industriales y navieros, donde el producto se comercializa sin el mismo beneficio estatal.
134 elementos de prueba
Fiscalía sustentó su acusación con 134 elementos de prueba: 24 testimonios y 110 documentos. Esos elementos fueron analizados por el Tribunal durante el juicio y sustentaron la decisión de condena.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la agencia de regulación y control de hidrocarburos, que alertó sobre diferencias entre volúmenes despachados y facturados, y sobre operaciones en segmentos distintos a los autorizados.
