Nacional | Después de que Alexandra Villacís renunció a su cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ), el Ministerio de Trabajo levantó el impedimento que tenía para ejercer cargo público.
Villacís, quien se desempeñaba como vocal suplente del destituido Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia en medio de un proceso marcado por cuestionamientos sobre su habilitación para ejercer el cargo.
El pasado martes 7 de abril, Villacís formalizó su salida tras considerar que no existían condiciones adecuadas para continuar en funciones dentro del organismo.
La exfuncionaria debía asumir la Presidencia del Consejo en reemplazo de Godoy; sin embargo, no logró posesionarse debido a un impedimento registrado por una supuesta deuda en el Servicio de Rentas Internas, lo que bloqueó su acceso al cargo. Su decisión fue difundida mediante un comunicado en redes sociales.
Proceso legal y pronunciamiento
En su declaración, Villacís sostuvo que actuó con transparencia y dentro del marco constitucional, y que recurrió a la justicia para resolver su situación. Según explicó, presentó una acción de hábeas data que fue aceptada y que ordenó la rectificación de la información que impedía su posesión.
El fallo disponía el cumplimiento inmediato de dicha corrección, lo que le habría permitido ejercer el cargo de vocal suplente e incluso asumir la Presidencia en ausencia del titular.
Villacís recordó que accedió a esa función tras cumplir los requisitos de un proceso público, y enfatizó que la normativa vigente la facultaba para subrogar la Presidencia del organismo.
Cierre del proceso
La exfuncionaria indicó que el caso trasciende el ámbito personal y deja reflexiones sobre la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso. Señaló que su intención fue contribuir al fortalecimiento institucional desde la función pública.
No obstante, concluyó que el contexto no permitía avanzar en ese objetivo, por lo que calificó su renuncia como una decisión difícil pero coherente con sus principios.
Finalmente, aseguró que se retira con la tranquilidad de haber actuado dentro del orden jurídico y agradeció el respaldo recibido durante el proceso. En su publicación, adjuntó documentos del SRI que certifican que no mantiene deudas, así como el registro de impedimento emitido por el Ministerio del Trabajo del Ecuador.
Fuente: El Comercio
