Cada vez que en Ecuador se encienden los motores de una campaña electoral —como ocurre hoy, con el arranque oficial de la contienda rumbo a los comicios del próximo 29 de noviembre—, el debate público corre el riesgo de convertirse en un mercado de ilusiones.
Entre las miles de candidaturas calificadas a nivel nacional, abundan quienes creen que conquistar una alcaldía o una prefectura consiste en lanzar la oferta más estruendosa, sin importar si tiene asidero legal, presupuesto o el más mínimo sentido técnico. El repertorio de ocurrencias ya resulta tristemente familiar. No falta el aspirante a alcalde que promete, con tono de sheriff cinematográfico, «meter presos a los delincuentes», olvidando —o fingiendo olvidar— que la seguridad ciudadana, la investigación penal y la administración de justicia no son atribuciones municipales.
De igual modo, resurgen las ofertas gigantescas e improvisadas: trenes elevados trazados en una servilleta, suspensiones unilaterales de peajes sobre vías concesionadas y megaobras cuya sola mención ignora los límites de la Constitución y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Un municipio existe para resolver el agua potable, el alcantarillado, el manejo de desechos, el uso del suelo y la movilidad local; una prefectura, para atender la vialidad rural, el riego y el fomento productivo. Prometer lo que la ley no faculta no es audacia política, es deshonestidad y demagogia pura.
Tan preocupante como el ofertón irrealizable es el chantaje disfrazado de alineación política. En varias jurisdicciones escuchamos a candidatos afines al Gobierno central advertir, con desparpajo, que solo con ellos llegará la inversión estatal porque Carondelet no destinará recursos a municipios o prefecturas en manos de la oposición. Semejante argumento pretende normalizar una injusticia inadmisible: que la ciudadanía pague los platos rotos de las pugnas partidistas. Los recursos públicos no son propiedad del gobernante de turno ni premio de consuelo para sus coidearios; pertenecen a todos los ecuatorianos, y su asignación responde a mandatos legales y criterios técnicos, no a lealtades electorales.
Y en el escalón más bajo de la oferta electoral se ubican quienes ni siquiera se toman la molestia de estructurar una propuesta. Su única plataforma es la descalificación permanente y una consigna vacía: «voten por mí para que no siga el que está ahorita». Reemplazar el diagnóstico serio de los problemas territoriales por el insulto fácil es subestimar la inteligencia de la gente. Frente a este panorama, la responsabilidad última recae sobre nosotros, los electores. La democracia local no madurará mientras premiemos con el voto al más ruidoso o al que mejor vende humo.
Antes de rayar la papeleta, tenemos la obligación cívica de revisar los planes de trabajo inscritos ante el Consejo Nacional Electoral —documentos que luego permiten exigir rendición de cuentas e incluso activar una revocatoria de mandato—, contrastarlos con las competencias reales de cada nivel de gobierno y preguntarnos quién habla con conocimiento de causa. Votar bien exige elegir a quien demuestre coherencia pero por encima de todo, respeto por la inteligencia de sus electores.
