Nos encontramos actualmente en un periodo de “precampaña” electoral, esa antesala oficial donde la ley prohíbe el proselitismo político y la solicitud directa del voto. Sin embargo, la realidad de nuestras calles y redes sociales es distinta, los aspirantes ya recorren barrios, mercados y comunidades ofreciendo planes y soluciones mágicas. Lo preocupante de este adelanto de la contienda no es solo que se salten las normas de control electoral, sino la alarmante desconexión que demuestran al plantear propuestas completamente desenfocadas de la realidad institucional.
A puertas de renovar a las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) —alcaldes, concejales urbanos y rurales, prefectos y miembros de juntas parroquiales—, además de designar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el libreto vuelve a repetirse. Podemos ver a candidatos a la alcaldía prometiendo hospitales de alta especialidad o resolver la seguridad, y aspirantes a la prefectura ofreciendo trabajar en la vialidad urbana. Estas ofertas, además de demagógicas, ignoran las verdaderas atribuciones que la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) otorgan a cada nivel de gobierno. Votar informados exige ir más allá y entender con precisión qué puede y qué no puede hacer cada autoridad.
Para evaluar con criterio las propuestas que ya empiezan a circular de manera informal, es fundamental entender los roles que la ley asigna a cada dignidad. Por un lado, los alcaldes y concejales integran el gobierno municipal, cuyos rectores tienen como enfoque principal la gestión de los servicios básicos, tales como el agua potable, el alcantarillado, la depuración de aguas residuales y el manejo de los desechos sólidos. También administran, el ordenamiento territorial, el uso de suelo, la regulación del tránsito urbano, la construcción y mantenimiento de parques, mercados y la obra pública local como adoquinados y vías urbanas, mientras que los concejales legislan mediante ordenanzas y fiscalizan. Por su parte, los prefectos operan en un ámbito rural y de integración territorial, encargándose de planificar, construir y mantener el sistema vial rural y provincial, la gestión ambiental de su jurisdicción, los sistemas de riego y el fomento de las actividades productivas y agropecuarias, sin competencias directas sobre el cemento urbano o los parques del centro de la ciudad. A esto se suman los gobiernos parroquiales rurales, enfocados en coordinar la ejecución de obras locales inmediatas, y los consejeros del CPCCS, quienes no administran presupuestos para obras ni manejan territorio, sino que su misión institucional es promover la participación ciudadana, fomentar el control social y designar mediante concursos públicos a las altas autoridades de las funciones del Estado.
Cuando un candidato en plena precampaña promete solucionar problemas estructurales que escapan totalmente de su presupuesto y de su marco legal, está apelando directamente al engaño. Un alcalde carece de facultades para bajar impuestos nacionales o modificar el Código Penal, del mismo modo que un prefecto no puede destinar los fondos exclusivos de la vialidad rural para equipar de forma integral a la Policía Nacional con patrulleros blindados sin contravenir la ley.
Soportar esta lluvia de promesas imposibles solo perpetúa el ciclo de incompetencia y frustración social. Cuando estas figuras asumen los cargos y descubren —o simulan descubrir— que la normativa les prohíbe ejecutar lo pregonado en las tarimas, recurren a la clásica excusa de la herencia recibida, mientras los verdaderos problemas de la ciudad y la provincia quedan estancados.
Este proceso electoral que se avizora debe encontrar a una ciudadanía mucho más madura y exigente. El presupuesto y las competencias de los GAD son sumamente limitadas, por lo que el voto debe premiar estrictamente la viabilidad técnica y la sensatez presupuestaria por encima de los discursos emotivos. La ciudadanía debe preguntarse si la propuesta de quien hoy recorre las calles en precampaña entra realmente dentro de sus funciones legales y si cuenta con un sustento financiero real. Es momento de dejar de aplaudir a los ilusionistas que venden castillos en el aire y empezar a cuestionar con rigor las ideas de quienes aparecen en temporada electoral a jugar con las ilusiones de una población que está cansada de falsas promesas y ataques de una clase política que ha demostrado lo bajo que puede llegar.
