Es posible sentir empatía sincera por la pérdida personal de cualquier ser humano y, al mismo tiempo, indignarse con la utilización de todo el aparato estatal para instrumentalizar el dolor. La reciente pérdida sufrida por la primera dama es, sin duda, un hecho lamentable en el plano privado. Sin embargo, la reacción institucional que presenciamos hace unos días trasciende lo íntimo para convertirse en un síntoma alarmante de cómo el poder actual concibe y maneja la estructura del Estado.
En un despliegue coordinado, vimos a ministerios, a la Contraloría, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional, GADS y diversas instituciones teóricamente independientes sumarse a un lamento institucionalizado. Se nombró públicamente a un feto en proceso de gestación y se volcaron los canales oficiales para amplificar un duelo privado. Mientras tanto, la ciudadanía contempla con sorpresa la existencia de dos realidades paralelas: la de las élites, cuyos sucesos personales conmueven a todas las instituciones del país, y la de la mayoría de los ecuatorianos, cuya tragedia diaria choca contra el muro de la indiferencia estatal.
La indignación no nace del irrespeto al dolor ajeno, sino de la profunda asimetría con la que el Gobierno gestiona la vida. Resulta doloroso y contradictorio observar ese despliegue cuando la estructura pública le da la espalda a la vida que ya existe. Lo vemos en los hospitales públicos donde mueren niños por la falta de insumos tan básicos como una cánula, o en la barbarie de entregarle a una madre en la Amazonía el cadáver de su hijo en una caja de cartón. Lo presenciamos también cuando los pacientes renales protestan en la Plaza Grande exigiendo atención para no morir, y la respuesta oficial es encender altoparlantes a todo volumen para ahogar sus consignas y evitar que el presidente los escuche.
Esta indiferencia alcanza su punto más oscuro con episodios como el asesinato de los cuatro niños en Las Malvinas a manos de militares en servicio activo, en medio de extralimitaciones amparadas por la continua declaratoria de estados de excepción. Cuando el Estado se moviliza de forma unánime para velar una pérdida privada, pero amplifica el sonido para no escuchar el clamor de los enfermos en su puerta y tolera la violencia contra la infancia más vulnerable, deja de actuar como un garante del bienestar común y se convierte en un ente repugnante.
El Gobierno de Daniel Noboa, al permitir e incentivar que las instituciones «independientes» actúen como un coro de resonancia personal, desdibuja los límites del Estado. La función primordial de las instituciones públicas no es validar las emociones de quienes gobiernan, sino garantizar condiciones mínimas de supervivencia, justicia y salud para los millones de ciudadanos que hoy continúan siendo invisibles para el poder.
