Tercera entrega de la serie Loja 2026: antes de votar
Hay una rutina que mantengo casi todos los días desde que vivo fuera de Ecuador. Por la mañana escucho la tertuliapolítica de Radio Nacional de España para tratar de comprender qué ocurre en España, el país donde resido. Después repaso la actualidad internacional y, más tarde, casi inevitablemente, termino abriendo los medios de Loja.
Son realidades muy distintas. Sin embargo, encuentro una coincidencia que me inquieta: cuando hablamos de política, hablamos demasiado en clave electoral. Quién sube o baja en las encuestas, quién puede ganar, qué alianza conviene, qué declaración beneficia o perjudica a un candidato o qué movimiento permite conservar el poder y cuál puede arrebatárselo al adversario.
Incluso en democracias con instituciones de control político y ciudadano, con medios públicos con representación plural, como la española, tengo a veces la sensación de que parte de la fiscalización termina convertida en otro capítulo de la competición electoral: quién ganó el debate, quién salió debilitado o cómo afectará una crisis a las siguientes elecciones, quién impone su discurso en medios y redes sociales. Todo eso importa, pero echo en falta una pregunta bastante más sencilla: ¿se está gobernando bien?
Después abro los medios de Loja y, salvando todas las distancias, encuentro una lógica parecida: nombres, candidaturas, alianzas, estrategias, posibilidades y, en muchas ocasiones, show político. Y entonces me pregunto: ¿en qué momento terminamos confundiendo la política con la competición por llegar al poder?
Volver a la política
Quizá convenga regresar por un instante al origen de la palabra. Política procede del griego politiká, aquello relacionado con los asuntos de la pólis: la ciudad, la comunidad política. Su raíz nos remite a la organización de la vida en común, no a encuestas, campañas o estrategias electorales.
Las elecciones son esenciales en una democracia. También lo son los partidos, la oposición, la alternancia y la competencia entre proyectos. El problema comienza cuando confundimos el mecanismo para acceder al poder con la finalidad de la política. Llegar al poder no debería ser su objetivo último; es apenas el momento en que comienza la responsabilidad de ejercerlo.
Nuestro particular Lake Wobegon electoral
Hay un fenómeno que se repite en elecciones de muchos países: la batalla de las encuestas. Dependiendo de quién publique los datos, casi todos encuentran alguna manera de presentarse como ganadores: uno lidera, otro es quien más crece, otro tiene menor rechazo y otro asegura ser el único capaz de disputar el primer lugar.
A veces parece nuestro particular Lake Wobegon electoral, aquel pueblo ficticio de Garrison Keillor donde todos los niños estaban por encima de la media. Con una dificultad evidente: matemáticamente, no todos podemos estar por encima de la media al mismo tiempo.
No estoy afirmando que las encuestas que circulan en Loja sean falsas. Para hacerlo habría que conocer quién las realizó, quién las contrató, cuándo se levantaron los datos, cómo se seleccionó la muestra, cuál fue el cuestionario y cuál es su margen de error. Pero algunas veces parece que cada candidatura juega al solitario y se reparte las cartas que más le convienen.
Presentarse como ganador, además, puede tener utilidad electoral. La investigación sobre opinión pública ha estudiado el denominado bandwagon effect o efecto arrastre: bajo determinadas condiciones, algunos electores pueden sentirse atraídos por la opción que perciben como ganadora. A esto se suma el horse-race journalism, el periodismo de “carrera de caballos”, centrado en quién sube, quién baja y quién puede ganar, a veces desplazando la discusión sobre propuestas.
Y ahí está mi preocupación: el problema no es que existan encuestas, sino que dediquemos más tiempo a averiguar quién puede llegar al poder que a analizar qué hará con él si finalmente llega.
Por eso, frente a una encuesta, además de mirar quién aparece primero, deberíamos revisar su ficha técnica y hacer algo bastante más importante: abrir el plan de trabajo. Una encuesta intenta decirnos quién puede ganar; el plan debería decirnos qué pretende hacer si gana.
Cuando dejamos las encuestas y contamos los votos
Los resultados recientes de Loja ayudan a entenderlo. José Bolívar Castillo ganó la Alcaldía en 2014 con alrededor del 31 % de los votos; Jorge Bailón obtuvo en 2019 44.721 votos, equivalentes al 31,91 %; y Franco Quezada ganó en 2023 con 42.114 votos, el 29,24 %, en una elección particularmente fragmentada.
Estos porcentajes no restan legitimidad a nadie. Quien gana conforme a las reglas democráticas tiene plena legitimidad para gobernar. Pero ganar con alrededor de un tercio de los votos tampoco significa disponer automáticamente de una mayoría social. La elección entrega la Alcaldía; la gobernabilidad se construye después.
Una autoridad que llega sin mayoría absoluta necesita construir acuerdos, escuchar a quienes piensan distinto, rodearse de capacidades y demostrar resultados. Puede llegar con el voto de una parte de la ciudad y terminar su mandato con el reconocimiento de ciudadanos que jamás votaron por ella. Quizá ahí exista incluso una oportunidad: la fragmentación electoral puede obligarnos a hacer mejor política.
Castillo y Quezada: dos salidas, dos mecanismos diferentes
Nuestra historia municipal reciente ofrece dos casos que conviene distinguir. José Bolívar Castillo fue revocado por la ciudadanía en 2018. Para convocar la consulta, sus promotores debieron reunir las firmas exigidas. El CNE validó 27.764 registros, superando los 21.996 requeridos. Después decidieron los electores: 96.795 votos por el Sí, el 70,92 %, frente a 39.694 por el No, el 29,08 %.
Con Franco Quezada ocurrió algo jurídicamente diferente. En mayo de 2025, una solicitud ciudadana inició un procedimiento de remoción, invocando la causal del artículo 333, literal c), del COOTAD. La Comisión de Mesa concluyó que Quezada había incumplido la Resolución CML-017-2024, relacionada con transparencia y eficiencia en la ejecución presupuestaria, y que el traspaso de créditos N.º 44, relacionado con el cubeto de residuos sólidos, vulneró disposiciones del COOTAD.
El 26 de junio de 2025, el Concejo aprobó la remoción con nueve votos a favor y dos en contra. Quezada cuestionó el procedimiento y el asunto llegó al Tribunal Contencioso Electoral. Aquí conviene ser precisos: el TCE no volvió a juzgar el fondo de las acusaciones, sino que verificó el cumplimiento de las formalidades y del procedimiento de remoción establecidos en el COOTAD y concluyó que estos se habían cumplido.
La diferencia es clara: Castillo salió mediante una revocatoria decidida por los ciudadanos en las urnas; Quezada, mediante un procedimiento institucional de remoción. Y Quezada no fue removido por incumplir su plan de trabajo.
Esta precisión importa porque el incumplimiento del plan pertenece a otro ámbito del control democrático. La normativa lo contempla entre los fundamentos que pueden sustentar una revocatoria, pero no basta con una acusación genérica: los incumplimientos deben identificarse y sustentarse conforme al procedimiento establecido.
Eso debería hacernos mirar el plan de trabajo de otra manera.
El documento que casi nadie lee
Durante una campaña seguimos entrevistas, debates, vídeos, mítines, redes sociales y encuestas. Pero existe un documento mucho menos atractivo y probablemente bastante más importante: el plan de trabajo.
No es el folleto de campaña ni aquello que un candidato promete durante una entrevista. Es un documento formal que debe acompañar la inscripción de una candidatura. El artículo 97 del Código de la Democracia exige que contenga, entre otros elementos, un diagnóstico de la situación, objetivos generales y específicos, un plan plurianual con propuestas y estrategias para ejecutarlas y mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas.
No estamos hablando simplemente de literatura electoral. Es el documento en el que una persona que aspira a gobernarnos debería explicar qué pretende hacer con el poder que nos está pidiendo y que, después, puede convertirse en una herramienta de fiscalización ciudadana.
Cuando las candidaturas estén calificadas y el CNE publique sus documentos, deberíamos buscar los planes oficiales de quienes aspiren a la Alcaldía de Loja. No el resumen de campaña, ni el vídeo de TikTok, ni la infografía de Instagram, ni lo dicho durante una entrevista: el documento presentado oficialmente ante el CNE.
Y propongo algo muy sencillo: descargarlo y guardarlo. Porque si ese candidato gana, deberíamos volver a abrirlo.
Ocho preguntas para leer cualquier plan
No necesitamos ser especialistas en administración pública. Podemos tomar cada propuesta importante y someterla al mismo examen.
1. ¿Es competencia del Municipio? Si no lo es, ¿qué institución debe intervenir y cómo piensa conseguir su participación?
2. ¿Qué problema pretende resolver? Necesitamos diagnóstico y datos. Sin conocer el punto de partida resulta difícil medir el resultado.
3. ¿Qué propone conseguir exactamente? “Impulsar”, “promover”, “fortalecer” o “gestionar” son verbos que pueden esconder una enorme ambigüedad. ¿Qué cambiará concretamente?
4. ¿Cuánto cuesta? Toda política pública consume recursos. Una propuesta sin una estimación económica está incompleta.
5. ¿Cómo se financiará? Presupuesto municipal, crédito, Gobierno Nacional, cooperación internacional o inversión privada. Decir “gestionaremos los recursos” no significa disponer de ellos.
6. ¿Quién será responsable y en qué plazo? Necesitamos responsables, calendario y saber qué puede concluirse realmente durante el periodo de gobierno.
7. ¿Cómo podremos comprobar que se cumplió? Kilómetros intervenidos, hogares atendidos, reducción de pérdidas de agua, tiempos de trámite, cobertura, usuarios o ahorro: necesitamos indicadores verificables.
8. ¿Es sostenible? No basta con saber cuánto cuesta construir algo; necesitamos saber cuánto costará mantenerlo funcionando. Un parque requiere mantenimiento, una infraestructura genera gastos operativos y una plataforma digital necesita servidores, actualizaciones, ciberseguridad y personal.
Una obra que el Municipio puede construir pero no mantener puede terminar convirtiéndose, más que en una solución, en una nueva carga para la ciudad. El método puede resumirse así: competencia → diagnóstico → resultado → costo → financiamiento → responsable y plazo → indicador → sostenibilidad.
Si una propuesta no permite responder razonablemente esas preguntas, quizá todavía no tenemos delante un proyecto de gobierno. Tenemos una intención.
Guardemos el plan después de votar
Aquí está, para mí, el cambio fundamental: el plan de trabajo no debería desaparecer la noche de las elecciones; ese día comienza a ser verdaderamente útil.
Guardémoslo y volvamos a abrirlo cada año. ¿Qué prometió? ¿Qué consiguió financiar? ¿Qué ejecutó? ¿Qué se retrasó? ¿Qué modificó? ¿Qué abandonó y por qué? No todo cambio significa incumplimiento: una emergencia, una crisis económica, una dificultad técnica o un cambio legal pueden obligar a replantear una propuesta. Gobernar también significa adaptarse. Pero existe una diferencia enorme entre modificar un plan explicando las razones y simplemente olvidarlo.
Incluso podríamos exigir al próximo gobierno municipal un tablero público del Plan de Trabajo Loja 2027–2031, donde cada compromiso muestre presupuesto, fuente de financiación, responsable, plazo, indicador, porcentaje de avance y un estado comprensible: cumplido, en ejecución, retrasado, modificado o no iniciado.
No hace falta comenzar con una plataforma millonaria ni con inteligencia artificial. Hacen falta datos, metodología y voluntad de rendir cuentas. El plan dejaría entonces de ser un PDF almacenado en un expediente electoral para convertirse en una herramienta ciudadana de seguimiento y fiscalización.
Llegar al poder y ejercerlo
Todo esto me devuelve a aquella tertulia de primera hora de la mañana. Quizá hemos leído demasiado las encuestas y demasiado poco los planes de trabajo. Las primeras intentan decirnos quién puede llegar al poder; los segundos deberían permitirnos saber qué pretende hacer con él y, después, comprobar si lo hizo.
Ganar una elección exige liderazgo, comunicación, estrategia, organización y capacidad para convencer. Gobernar exige formar equipos, construir acuerdos, administrar recursos, priorizar, ejecutar, medir, corregir y rendir cuentas. La primera capacidad consigue votos; la segunda mejora —o empeora— la vida de los ciudadanos.
Y ahí encuentro una razón para mirar las próximas elecciones de Loja con cierta esperanza. En un momento en que vuelven a aparecer numerosos aspirantes y el tablero político se mueve, quizá tenga una ventaja quien consiga cambiar el eje de la conversación: de quién puede ganar a qué piensa hacer si gana.
Explicar con claridad qué propone, cómo piensa ejecutarlo, cuánto costará, cómo lo financiará y cómo podremos comprobar su cumplimiento puede ser algo más que una buena forma de hacer campaña. Puede ser el paso que le permita llegar al poder y, sobre todo, demostrar que está preparado para ejercerlo.
Porque alguien puede llegar a la Alcaldía con alrededor del 30 % de los votos, pero desde el día siguiente tendrá la responsabilidad de gobernar para toda la ciudad. Las urnas conceden legitimidad para comenzar; la manera de ejercer el poder determinará si esa legitimidad se amplía, se conserva o se erosiona.
Quizá debamos volver a colocar la política donde empezó: en la pólis, en la ciudad y en sus ciudadanos. No solamente como el arte de alcanzar el poder, sino como la responsabilidad y la capacidad de ejercerlo al servicio de la comunidad.
Porque ganar una elección permite llegar al poder. La política comienza realmente cuando llega el momento de ejercerlo al servicio de los demás.
