Julio de 2025 fue el mes en que la burocracia devoró la voluntad popular en Loja: Franco Quezada fue removido. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) puso el sello de legalidad a una guillotina operada por el cálculo de nueve concejales. Hoy, ante el nuevo calendario electoral, muchos se cuestionan: ¿volverá el pueblo a elegir a quien el poder de escritorio arrebató?
Nadie discute la formalidad del proceso. El 26 de mayo de 2025, Ramiro Delgado activó el artículo 333, literal c, del COOTAD. Un mes después, nueve de once concejales votaron la remoción. El TCE, en la causa 491-2025-TCE, ratificó la decisión por unanimidad. Plazos respetados, expediente formal, derecho a la defensa; para los defensores de la institucionalidad, un proceso impecable.
Pero la verdad exige mirar lo que hay detrás de la fachada legal. A Quezada no lo sacó la gente en las calles, descontenta por la crisis del agua potable o la vialidad; lo sacó una mayoría compacta en un salón del Cabildo. Las dos causales jurídicas validadas fueron: 1) incumplimiento de la resolución CML-017-2024, que obligaba a rendir cuentas mensuales sobre presupuesto; y 2) traspaso de créditos presupuestarios (N.º 44) para el cubeto de residuos sin autorización del Concejo, violando los artículos 257 y 258 del COOTAD.
Debajo del impecable pronunciamiento del TCE se vio un canibalismo político feroz. Para los más de 41.000 ciudadanos que le dieron el triunfo en 2023, la jugada de los nueve concejales fue percibida como una afrenta personal; un mensaje de un grupo político que decía que el voto de la periferia y los sectores populares vale menos que los amarres de pasillo en el Municipio.
Y hay algo más: sectores políticos infundieron un reduccionismo lingüístico perverso al usar etiquetas como «el removido», «el revocado». Se busca anular identidades, olvidando que son personas con nombres y trayectorias. Convertir el lenguaje en tribunal de linchamiento es síntoma de degradación del debate. Loja necesita reparación institucional, no apodos.
Es innegable que Quezada pavimentó su propia caída. Su gestión fue un manual de cómo perder la gobernabilidad: aislamiento institucional, escasa capacidad de negociación, mala gestión de conflictos y la incredulidad de subestimar un proceso de remoción hasta que la guillotina estuvo sobre su cuello. No construyó una mayoría y pagó el precio más alto por gobernar sin contención política.
Aun así, los errores del exadministrador no justifican la suplantación de las urnas ni el ensañamiento discursivo. El sufragio de este año tendrá la última palabra: determinará si el pueblo lo condena por los errores que le costaron el puesto o si saldrá a cobrarles la factura a los nueve ediles que osaron corregir con una alzada de manos lo que la ciudadanía dictaminó en las urnas.
