Ecuador | El Gobierno Nacional anunció este 12 de septiembre un paquete de medidas económicas bajo el argumento de redistribuir de mejor manera los recursos del Estado. Entre ellas, una de las más controvertidas es la eliminación del subsidio al diésel, que durante décadas representó un gasto de USD 1.100 millones anuales para las arcas fiscales.
Según el Ejecutivo, gran parte de esos fondos terminaba en el contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos. Por ello, se ha decidido redirigirlos hacia programas sociales, créditos productivos y apoyo a sectores vulnerables. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación inmediata en varios sectores de la economía.
El transporte público y de carga pesada es uno de los principales consumidores de diésel. Aunque el Gobierno aseguró que el precio del pasaje urbano no subirá “ni un solo centavo”, expertos advierten que la eliminación del subsidio tendrá un efecto dominó en la cadena de producción y distribución, elevando los costos de alimentos, medicinas y productos básicos que dependen del transporte terrestre.
Además, gremios de transportistas y productores temen que el alza en los combustibles encarezca la logística en sectores agrícolas, pesqueros y comerciales, lo que impactaría directamente en los bolsillos de los ecuatorianos.
Mientras el Gobierno destaca la inversión de USD 220 millones en transporte público y el plan para renovar 20.000 unidades de buses, persiste la incertidumbre sobre cómo se sostendrán los precios en un contexto en que el costo operativo de movilizar mercancías se incrementará.
Lo que para el Ejecutivo es una medida de justicia social y redistribución, para muchos analistas y ciudadanos podría convertirse en una nueva presión inflacionaria que afecte principalmente a las familias de menores ingresos.
