Ecuador | El 18 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa amplió el estado de excepción vigente desde el 16 de septiembre e incluyó a la provincia de Chimborazo. El decreto también estableció toque de queda en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi, restringiendo la movilidad entre las 22:00 y las 05:00.
La decisión se produce en un momento políticamente sensible: apenas cinco días después de la eliminación del subsidio al diésel y pocas horas antes de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fenocin y otras organizaciones sociales anunciaran un paro nacional.
El sustento del decreto llama la atención. El Gobierno justificó la inclusión de Chimborazo en base a publicaciones de prensa sobre las acciones de la Conaie, lo que refleja la lectura preventiva que hace el Ejecutivo ante una posible escalada de la conflictividad social.
En el documento oficial se señala que “se evidencia la intención de aumentar las manifestaciones de violencia (…) y de esta manera restringir el derecho al trabajo, a realizar actividades económicas y a la libertad de tránsito, en contra de otros ciudadanos”.
La medida revela la estrategia del Gobierno: anticiparse a escenarios de protesta bajo la lógica de preservar el orden público, aunque esto implique limitar derechos constitucionales. Sin embargo, abre también un debate sobre la solidez de los argumentos empleados y el alcance del poder presidencial frente a la presión social organizada.
