Ecuador | La Corte Constitucional del Ecuador declaró que el Estado es responsable por la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes —Josué, Ismael, Steven y Nehemías— ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil. La decisión consta en la sentencia 1732-25-EP/26, que ordena al Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas a las familias de las víctimas.
De acuerdo con el texto del reconocimiento dispuesto por la Corte, patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE detuvieron de forma ilegal, arbitraria e ilegítima a los menores, privándolos de su libertad y colocándolos en una situación de absoluta indefensión. La sentencia establece que el Estado incumplió su deber de proteger la vida, la libertad y la dignidad de los niños.
El documento también señala que las instituciones estatales no proporcionaron información inmediata, completa ni veraz a los familiares sobre la aprehensión, el paradero y la suerte de los menores. Según el fallo, la respuesta oficial fue tardía, fragmentaria y contradictoria, lo que vulneró el derecho de las familias a conocer la verdad y prolongó su angustia.
Además, la Corte menciona que ciertas declaraciones públicas del Ministerio de Defensa contribuyeron a estigmatizar a las víctimas y a sus familias, reforzando prejuicios contra la niñez afrodescendiente de sectores populares de Guayaquil. En este contexto, se hace referencia a pronunciamientos del actual ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señalados en el proceso.
Como parte de las medidas de reparación, el Estado deberá pedir perdón de manera explícita a las madres, padres y familiares de los menores, así como a la comunidad afectada. El acto de disculpas busca reconocer la responsabilidad institucional y reafirmar que ningún funcionario público está por encima de la ley ni puede vulnerar derechos con impunidad.
La sentencia también dispone que las Fuerzas Armadas adopten medidas estructurales para evitar que hechos similares se repitan, entre ellas cooperación plena con las investigaciones penales y disciplinarias, protocolos específicos para la actuación frente a niños, niñas y adolescentes, y procesos permanentes de formación en derechos humanos, enfoque de niñez, igualdad y no discriminación.
Para la Corte Constitucional, el reconocimiento de responsabilidad no constituye una reparación total del daño causado, pero representa un paso hacia la verdad, la justicia y la reparación integral, además de un compromiso institucional para preservar la memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías en la sociedad ecuatoriana.
