En la política ecuatoriana, los matices se han convertido en un elemento puramente teórico. Nos han llevado a vivir bajo una lógica binaria donde la complejidad social pretende ser reducida a un único planteamiento: o estás con el gobierno o eres correísta. Esta simplificación no es un accidente ni fruto del acaloramiento de las redes sociales; es una estrategia deliberada de comunicación y supervivencia política que al poder de turno le rinde réditos inmediatos.
Para el Ejecutivo, promover esta división no es solo cómodo, es indispensable. La narrativa del «nosotros contra ellos» opera como un potente aglutinante ideológico. Al ubicar a toda la oposición dentro del mismo saco del correísmo, el gobierno logra unir a sus simpatizantes no por aplausos a la gestión pública, sino por un rechazo visceral hacia la alternativa. Al mismo tiempo, esta etiqueta permite anular la crítica técnica: cuando cualquier cuestionamiento al presupuesto, la seguridad o los servicios públicos se califica como una maniobra opositora, el gobierno no necesita responder al fondo del problema. Descalificar al emisor resulta operativamente más barato que corregir la política pública, ahogando además el surgimiento de cualquier tercera vía independiente que requiera de un espacio deliberativo para crecer.
Esta estrategia de encajonamiento comunicativo se complementa y contrasta con la inhabilitación política de los cuadros ligados a la Revolución Ciudadana. Por un lado, el discurso oficial necesita mantener viva la figura del «enemigo correísta» como una amenaza latente para justificar su propia existencia y mantener unida a su base. Por otro lado, mediante mecanismos administrativos, judiciales o electorales, se busca neutralizar o inhabilitar formalmente a las principales figuras de esa tendencia para restarles fuerza en las urnas. Se genera así un contraste: el gobierno fortalece su imagen presentándose como el único muro de contención contra un adversario al que tilda de peligroso, mientras que, en el terreno institucional, utiliza la inhabilitación para reducir el margen de maniobra de esa misma fuerza política.
Ahora bien, ¿a quién favorece realmente este libreto? En el corto plazo, favorece a los dos extremos de la balanza. Al Ejecutivo le permite mantener una narrativa de «escudo de la democracia», mientras que a la Revolución Ciudadana le regala el monopolio absoluto de la oposición, victimizándola y manteniéndola como el único contrapeso visible en la arena electoral. Ambos polos se retroalimentan y se necesitan para justificarse mutuamente frente a sus bases.
Sin embargo, el costo social y democrático de esta combinación entre polarización y exclusión política es devastador. Cuando la etiqueta y la descalificación sustituyen al debate de ideas, y cuando la contienda política se traslada al terreno de las inhabilitaciones, el país pierde la capacidad de construir acuerdos mínimos en temas urgentes como la inseguridad, la economía o la institucionalidad. A la larga, la estrategia de gobernar mediante el antagonismo tiene un límite: la ciudadanía no vive de discursos ni vota eternamente impulsada por el rechazo, y cuando las soluciones reales no llegan, la polarización deja de ser un blindaje para convertirse en un espejo de las propias falencias.
Al final del día, el poder de romper esta inercia reside en las manos de la propia ciudadanía. Mediante el voto, los electores tienen la oportunidad histórica de desarmar la narrativa oficialista que intenta encubrir la falta de gestión y la incapacidad de gobernar tras la constante apelación al chivo expiatorio del enemigo político.
