Ecuador | El presidente Daniel Noboa decretó este 13 de septiembre de 2025 que la sede de la Función Ejecutiva de Ecuador se traslade temporalmente de Quito a Latacunga, provincia de Cotopaxi. El anuncio se da en el marco de recientes ajustes económicos del Gobierno, entre ellos la eliminación del subsidio al diésel, con la cual se espera generar un ahorro de USD 1.100 millones que, según el Ejecutivo, serán destinados a programas sociales y estimular la producción nacional.
La medida también involucra que la vicepresidente, María José Pinto, ejerza funciones desde Otavalo, Imbabura, como parte de una estrategia de descentralización administrativa. 
Reacciones de la oposición y organizaciones sociales
Organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificaron el traslado como parte de otro “paquetazo” y alertan que el gobierno está poniendo al límite la paciencia ciudadana. Se advierte que estas acciones podrían generar protestas, como ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando se tomaron decisiones similares que impactaban en el bolsillo de la población. 
Por otro lado, gremios del transporte en Pichincha han anunciado una paralización del servicio a partir del 15 de septiembre para exigir una mesa técnica que revise los efectos de la eliminación del subsidio al diésel. 
Impacto esperado
• Se anticipa un aumento en los costos logísticos del Gobierno al operar fuera de Quito, por traslado de personal, infraestructura temporal, seguridad y operaciones administrativas.
• En lo social, la medida podría generar descontento en sectores urbanos y rurales afectados por los recientes incrementos en precios del diésel, especialmente transportistas, agricultores y ciudadanos que dependen del transporte público.
• También podría aumentar la tensión política si la oposición moviliza protestas o rechazo público ante percepciones de que la descentralización obedece más a una estrategia política que a una necesidad administrativa real.
Las autoridades han asegurado que la medida no afectará los servicios públicos esenciales ni incrementará el costo del transporte público para los usuarios. No obstante, ciudadanos y líderes sociales esperan los detalles concretos de los mecanismos de compensación, para conocer si realmente mitigarán los impactos de las nuevas políticas gubernamentales. 
