Ecuador | El proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado enfrenta nuevos retrasos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debía iniciar el concurso en abril de este año, pero recién lo hizo en agosto. Además, la conformación de la Comisión de Selección, prevista originalmente para junio, recién se abrió en octubre con la fase de impugnación.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa bajo la dirección de un funcionario encargado, designado sin concurso, lo que refleja la demora institucional del CPCCS en un proceso clave para la justicia ecuatoriana.
El Reglamento del concurso establece plazos definidos: tres meses para integrar la comisión y seis para completar el proceso de selección. Con este cronograma, el país tendría un nuevo Fiscal General no antes de julio de 2026, mucho después de lo que exige la coyuntura nacional.
Expertos y organizaciones ciudadanas insisten en que un proceso de esta magnitud requiere eficiencia, transparencia, reglas claras y veeduría ciudadana, además de garantizar la participación de profesionales altamente capacitados y con experiencia comprobada en materia penal y de fiscalía.
Asegurar la independencia institucional y la confianza ciudadana en el sistema de justicia es, según los analistas, un paso indispensable para fortalecer el Estado de derecho en el país.
