Ecuador | El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 148, firmado este 19 de septiembre de 2025 en Latacunga, con el que convoca a consulta popular para preguntar al electorado si está de acuerdo en instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.
La disposición establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá organizar el proceso y detalla que los representantes serán elegidos de acuerdo con el “Estatuto de la Asamblea Constituyente” adjunto al decreto. En el texto se señala que la nueva Carta Magna solo entrará en vigencia si es aprobada en referéndum.
Sin embargo, la decisión de Noboa abre una fuerte controversia jurídica y política. El mandatario decidió enviar la pregunta directamente al CNE, sin pasar por la Corte Constitucional, instancia que según la Constitución de 2008 es la única autorizada para dictaminar sobre la constitucionalidad de las preguntas de una consulta popular y, más aún, sobre la viabilidad de convocar a una Asamblea Constituyente.
Con esta maniobra, Noboa se salta el filtro constitucional que evita abusos de poder y garantiza que el mecanismo de consulta se enmarque en la ley. Analistas advierten que, al excluir a la Corte Constitucional, el Ejecutivo está forzando los límites de la institucionalidad y sentando un precedente riesgoso: un presidente que decide unilateralmente cambiar las reglas del juego político.
Además, el decreto delega al CNE la tarea de incluir en la papeleta electoral tanto la pregunta como las reglas del proceso constituyente. Esto convierte a un órgano administrativo en árbitro de una decisión que debería estar previamente validada por un control de constitucionalidad.
La convocatoria abre, entonces, un debate profundo: ¿es legítimo que un presidente convoque directamente a una Asamblea Constituyente sin respetar los mecanismos previstos en la Constitución vigente? Para muchos, el decreto no solo es un desafío a la Corte Constitucional, sino un golpe a la seguridad jurídica y a la estabilidad democrática del país.
En este contexto, el país entra en un escenario de incertidumbre institucional. Lo que algunos califican como una “jugada audaz” del mandatario, otros lo ven como un paso hacia el debilitamiento del Estado de derecho.
