Ecuador | El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este miércoles su intención de convocar a una Asamblea Constituyente, con el propósito de replantear las bases normativas e institucionales del Ecuador. En un comunicado dirigido a la ciudadanía, el mandatario señaló que el país ha estado “detenido por demasiado tiempo” y que es necesario devolver el poder al pueblo para enfrentar los retos actuales.
En su mensaje, Noboa sostuvo que las instituciones han “olvidado a quienes debían servir”, y que las reglas vigentes limitan la capacidad del Estado para combatir al crimen organizado y a las estructuras políticas que —a su criterio— lo protegen. El jefe de Estado afirmó que los ciudadanos votaron por el cambio y que este debe materializarse a través de un nuevo marco normativo definido directamente por los ecuatorianos.
La consulta como antesala
El presidente explicó que, en consultas previas, varias preguntas orientadas a transformar la institucionalidad no fueron aprobadas por la Asamblea, lo que, según dijo, refleja un bloqueo político. Ante ello, propone plantear una “pregunta esencial” en la próxima consulta popular que abra paso a la instalación de una Asamblea Constituyente.
Un proceso con implicaciones profundas
La convocatoria a una Constituyente representa una decisión de gran alcance político e institucional. Este mecanismo implica rediseñar la arquitectura normativa del Estado y podría abrir el debate sobre temas como la distribución de competencias, el sistema político, los mecanismos de control y la organización de la justicia.
En el contexto regional, los procesos constituyentes han sido herramientas de transformación que, dependiendo de su conducción, han generado tanto renovaciones democráticas como episodios de tensión política. En el caso ecuatoriano, el anuncio de Noboa se enmarca en un escenario marcado por altos índices de inseguridad, tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea, y demandas ciudadanas de mayor eficacia institucional.
Mirada hacia adelante
Noboa subrayó que esta iniciativa busca “devolver la soberanía al pueblo” y construir un nuevo Ecuador “con base en la voluntad ciudadana”. De concretarse, el proceso marcaría un punto de inflexión en la política nacional, no solo por el alcance de las reformas que podrían discutirse, sino también por la participación directa de la ciudadanía en la definición del marco legal que guiará al país en los próximos años.
